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Reportaje
Corporativo
| ONTSI
Celebrado el 30 de mayo en Madrid

El primer Conversatorio sobre los Derechos Digitales sitúa a España a la vanguardia europea

El secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle, inauguró esta semana en el Auditorio 200 del Edificio Nouvel anexo al Museo Reina Sofía, el primer "Conversatorio sobre Derechos Digitales" de los ciudadanos. Durante su intervención señaló la importancia de aprovechar la transformación digital para alcanzar una ciudadanía digital de pleno derecho. Accede a los vídeos con la jornada completa en este enlace a Youtube o al albúm de fotos en Flickr.

El secretario de Estado indicó que "nuestra sociedad está viviendo uno de los grandes retos de los tiempos actuales y, por lo tanto, tenemos la obligación de pensar y reflexionar sobre cómo afecta el reinado de lo tecnológico a la concepción tradicional de privacidad, dignidad o seguridad".

Esta iniciativa es el primer hito público del Grupo de Trabajo sobre Derechos Digitales de los ciudadanos que se constituyó a finales del mes de marzo, a través del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) dependiente de Red.es, con el objetivo de abrir un debate neutral cuyas conclusiones sirvan para acciones futuras en el ámbito legislativo.

La jornada se vertebró en torno a cinco mesas redondas y varias intervenciones. Ante la ausencia de última hora del invitado estrella y jurista de referencia en Italia, Stefano Rodotà, los catedráticos de Derecho Administrativo en las universidades CEU-San Pablo y Carlos III de Madrid, José Luis Piñar y Tomás de la Quadra-Salcedo, moderaron un debate donde el punto de partida fueron los nuevos derechos ligados a la vida digital y los mecanismos con los que cuenta el Derecho para la protección de las nuevas garantías en el entorno online.

La primera mesa redonda, en la que participaron Stephen Deadman (Facebook), Chema Alonso (Telefónica), Shelley McKinley (Microsoft), Marisa Jiménez (Google) y Jean-Jacques Sahel (ICANN) abordó los retos jurídicos que plantean los avances tecnológicos más recientes, como la inteligencia artificial o la robotización de nuestras sociedades. A continuación, se trataron conceptos como globalización y democracia en una conversación entre Bertrand de La Chapelle (Internet & Jurisdiction), María Camila Villamizar (Gobierno de Colombia), Andrew Puddephatt (Global Partners Digital) y Pedro José Peña (Vodafone).

El bloque de la tarde arrancó con la visión política sobre los derechos digitales de los ciudadanos con Susana Solís (Ciudadanos), Artemi Rallo (PSOE) y Victor Calvo-Sotelo (PP), Yolanda Díaz (Podemos) tuvo que ausentarse debido a la actividad parlamentaria prevista para esa hora. La cuarta mesa abordó el análisis de la garantía de dos de los principales derechos fundamentales en el ámbito digital: la libertad de expresión y la privacidad. En este debate, moderado por la profesora de la Universidad Libre de Bruselas, Gloria González Fuster, intervinieron Corynne McSherry (Electronic Frontier Foundation), Pablo Molina (Universidad Georgetown), Katarzyna Szymielewicz (Fundación Panoptykon) y Rebecca MacKinnon (Ranking Digital Rights).

Antes de la clausura a cargo de la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, se discutió sobre inclusión digital y diversidad a través de la posición de Raul Katz (Universidad de Columbia), Maite Melero (Universitat Pompeu Fabra), Pilar Sáenz (Fundación Karisma), Daniel Noguera (Orange) y Emine Etili (Twitter).

El primer Conversatorio sobre derechos digitales es el fruto de las reuniones que llevan a cabo periódicamente los integrantes del Grupo de Trabajo sobre derechos digitales de los ciudadanos integrado por José Luis Piñar (Universidad CEU-San Pablo), Tomás de la Quadra-Salcedo (Universidad Carlos III), Ricard Martínez (Universitat de València), Diego Naranjo (European Digital Rights), Miguel Pérez Subías (Asociación de Usuarios de Internet), Christoph Steck (Telefónica) y Ofelia Tejerina (Asociación de Internautas).

Está previsto que este grupo siga reuniéndose a lo largo de 2017 con tres cometidos fundamentales: realizar un diagnóstico de la situación actual sobre la protección de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, promover un debate neutral, transparente, abierto e informado sobre los derechos digitales y contribuir a la agenda europea en esta materia.

 

Conversatorio sobre los Derechos Digitales, una aproximación elaborada por el Grupo de Expertos

La transformación digital está cambiando radicalmente el mundo en el que vivimos. Genera una completa revolución en la manera de comunicar, de producir, de innovar, de trabajar, de consumir, etc. El cambio es constante, acelerado, vertiginoso.

En poco más de 40 años estamos asistiendo a la transformación de las empresas, de la Administración Pública y de la sociedad en general. Estamos en una cuarta revolución que identificamos con la inteligencia artificial, la ubicuidad de las comunicaciones, el Big Data, la computación cuántica, los robots inteligentes, los coches autónomos, la biotecnología o la nanotecnología.

Efectivamente, la innovación ofrece oportunidades sin precedentes en una amplia gama de áreas incluyendo la gobernanza pública, la educación, la salud, la agricultura, el medio ambiente, e incluso los procesos industriales y organizativos. Es un fenómeno al que los ciudadanos deben incorporarse aprovechando grandes beneficios de alcance global.

No obstante, la profunda incertidumbre que generan estos cambios también entraña riesgos como la vigilancia masiva o la discriminación a través de algoritmos, que hay que atajar y minimizar para las generaciones actuales y futuras.

A través de este conversatorio y del trabajo que el grupo de expertos seguirá desarrollando durante todo el año se pretende analizar las implicaciones que está teniendo este proceso de cambio para diseñar y poner en marcha políticas y agendas digitales, así como definir las líneas que deben perfilar las relaciones entre derecho e innovación con el fin de garantizar la sostenibilidad de todas las culturas y las sociedades en que éstas se desarrollan.

Es responsabilidad de todos, gobiernos, empresas, academia y sociedad civil, aprovechar esta oportunidad tecnológica para mejorar la vida de las personas.


1.- Desafíos de la transformación digital.

Cada año y medio se generan más datos que en toda la historia de la humanidad. Hoy casi todo lo que hacemos deja una huella de información: un viaje, un comentario compartido en una red social, una opinión en un blog, un pago con tarjeta de crédito o nuestro uso de energía detallada en los smart meters, entre otros.  

En el futuro, se multiplicará todavía más la información procesada: de 80 exabytes de datos procesados en 2015 se alcanzarán 800 exabytes en 2020, diez veces más en tan solo 5 años.  Si 1 dato (byte) se pudiera comparar a 1 litro, los datos existentes en 2015 equivaldrían al Océano Antártico, mientras que en 2020 sería casi el 70% del agua de los mares y océanos de la Tierra.

Además, el Big Data y el Cloud están reduciendo significativamente su coste generando novedosas oportunidades de negocio y mejoras para la sociedad a las que ésta no puede ni debe renunciar. Desde la perspectiva de los ciudadanos también se está innovando para que, por una parte, puedan ejercer los derechos con un mayor control sobre sus datos, y por otra, disfruten de nuevas formas de satisfacer sus necesidades o deseos (e-health, transporte, alojamiento,…).

La sociedad basada en los datos plantea nuevos interrogantes que deben ser abordados desde todos los ángulos: político, ético, social, jurídico y económico.  En definitiva, se debe encontrar un equilibrio sostenible en el que se garanticen los derechos y se promocione la innovación tecnológica en un marco de convivencia social que inspire un desarrollo comprometido con el ser humano.

2.-La transformación digital para una nueva democracia.

La evolución digital ha dado paso a nuevas formas de participación democrática, que permiten una ciudadanía mucho más activa y audiencias globales. Mientras, los marcos regulatorios y las políticas públicas siguen siendo nacionales y regionales.

Se están alterando los modelos tradicionales de relación y organización política que conocíamos en las sociedades contemporáneas. Cuestiones esenciales que van desde la seguridad nacional a la salud pública, se ven afectadas por el desarrollo de la tecnología, y la división entre lo público y lo privado es cada vez más difusa.

El nuevo escenario exige que la concepción territorial del poder se adapte a una “sociedad hiperconectada” y abierta, en la que conceptos como la transparencia, la gobernanza, la participación y la rendición de cuentas se convierten en ineludibles para poder seguir fortaleciendo los sistemas democráticos.

Mantener la confianza en las instituciones y valores democráticos es esencial para garantizar el buen funcionamiento del Estado de derecho y la aplicación efectiva de los derechos humanos en un nuevo contexto marcado por la irrupción y el protagonismo de la innovación tecnológica. Desde la relación de las administraciones públicas con los ciudadanos, hasta las empresas con sus clientes, o los actores de la sociedad civil, todos debemos asumir nuevos roles y responsabilidades.

3.-Hacia la actualización de los derechos al mundo digital

Los cambios que comporta la Era Digital repercuten de modo particular en la esfera de los derechos y libertades individuales. Tras el desarrollo y consolidación de cuatro generaciones de derechos hoy asistimos a la más que probable necesidad de reivindicar una Quinta Generación.

El impacto en la privacidad y la libertad de expresión

Los diferentes aspectos de la privacidad han ido madurando en el contexto digital, en el que el derecho a la protección de datos adquiere una relevancia antes desconocida como garantía de la dignidad y libre desarrollo de la personalidad.

El uso que se hace de los datos personales, que debe tener en cuenta el control que sobre ellos han de tener sus titulares, genera un debate público que requiere nuevas respuestas ante nuevas necesidades, desarrollos y riesgos: Internet de las cosas, Big Data, drones, blockchain, etc.

En el ámbito de la libertad de expresión, la tecnología ha modificado radicalmente tanto el acceso a la información como quien la produce. Las personas son receptores y creadores de contenido en Internet, y por ello, asumen la responsabilidad de respetar a aquellos ante los que se expone.  

Por otra parte, los poderes públicos pueden contar con nuevas formas e instrumentos para controlar la información, así como a aquellos que la generan, pudiendo vulnerar en última instancia la libertad de expresión.

En este nuevo contexto, los derechos y libertades deben ser garantizados, pero eso no implica que dejen de tener límites, ya que éstos son necesarios para garantizar la convivencia.

Accesibilidad: Conectar a los no conectados

La mitad de la población mundial no utiliza Internet y, por tanto, no tiene acceso a las oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen. Sin embargo, en 2016, aproximadamente el 80% de la población mundial vive en áreas donde la cobertura es de 3G o 4G.

La brecha digital entre países, o entre territorios dentro de un mismo país, crea asimetrías, impide una participación activa y global y aumenta aún más la brecha entre países ricos y pobres. Por eso es necesario un mayor grado de alfabetización digital de las personas, con mayor eficiencia y uso eficaz de los recursos disponibles.

Es necesario, por tanto, romper las barreras económicas, técnicas, sociales y en su caso regulatorias para reducir la desigualdad y la pobreza. Eso significa, por un lado, facilitar el despliegue de las infraestructuras necesarias y, por otro, fomentar la capacitación digital de los ciudadanos.

Se trata de una tarea compartida que requiere de un compromiso para alcanzar la plena inclusión de todos en el mundo digital.

La garantía de los derechos

Junto a estos fenómenos se identifica una necesidad de universalización de la garantía de los derechos, que supere los estrictos límites territoriales.  

Debemos aplicar los instrumentos internacionales de derechos humanos al mundo digital. El desarrollo de las políticas públicas que necesariamente deben acoger la transformación digital como herramienta al servicio del ciudadano en un modelo de humanismo tecnológico y debe tener en cuenta esta nueva dimensión de los derechos.

Es necesario revisar los escenarios regulatorios y el diseño de políticas públicas, cubrir lagunas y fijar condiciones básicas que permitan la transformación digital ordenada y eficiente, potenciando a la vez la innovación tecnológica y el libre ejercicio de los derechos de las personas.

Las sociedades experimentan cambios que exigen nuevos modos de hacer las cosas. Los roles que tradicionalmente han jugado empresas y gobiernos se entremezclan y difuminan, haciendo que las primeras deban incorporar a su cultura la garantía de los derechos y los segundos definir reglas del juego que doten de estabilidad y potencien la transformación digital.

Este es un esfuerzo que requiere un compromiso estable de cooperación de todas las partes implicadas: el sector público, el sector privado y la sociedad civil, para tratar de alcanzar estándares universales seguros.